"El proyecto de ley Duplomb es producto de una grave desviación institucional"

El proyecto de ley Duplomb, aprobado el 8 de julio, está incendiando el verano. La reintroducción del acetamiprid, un pesticida devastador para nuestra biodiversidad; la facilitación de megaproyectos de cuencas que agotan nuestros recursos hídricos; y la flexibilización de las normas que rigen la ganadería confinada de alto rendimiento fomentan la agricultura intensiva. Se han producido numerosos retrocesos en la preservación de nuestros ecosistemas. Pero el proyecto de ley Duplomb también es fruto de un importante cambio institucional. Concebido precipitadamente como respuesta a la indignación de la comunidad agrícola, ha seguido un camino que ha socavado los principios esenciales de la deliberación y la legislación parlamentarias.
En respuesta, más de un millón y medio de personas se movilizaron en tan solo unos días para formular una especie de convocatoria ciudadana a una nueva lectura de un texto que, sin embargo, ya había concluido su trámite parlamentario. El artículo 148-6 del reglamento de la Asamblea Nacional no ofrece tales posibilidades para el derecho de petición. Pero este entusiasmo popular ante un texto que aún no se ha promulgado debe llevarnos a cuestionarnos, especialmente en un contexto de crisis democrática que está socavando nuestras instituciones.
Para ello, es necesario adentrarse en la árida mecánica del procedimiento parlamentario. Se estipula que, tras una lectura en cada una de las dos asambleas, un texto declarado de urgencia puede presentarse ante una comisión mixta (CMP). Este órgano reúne a una muestra de diputados y senadores para buscar la conciliación sobre los artículos aún en discusión. En el espíritu del procedimiento, el texto adoptado por cada una de las dos asambleas constituye un mandato imperativo para sus representantes, quienes son responsables de elaborar un texto de compromiso que respete los equilibrios resultantes de los debates. El problema: la Asamblea Nacional no adoptó ningún texto; una moción de rechazo presentada por los defensores del texto se votó antes incluso de que se examinaran los artículos. Por lo tanto, los diputados se encontraron sin mandato para negociar... y, sin embargo, surgió un acuerdo, lo que plantea un grave problema institucional.
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Le Monde